El barro es nuestro: Universidad, recorrido e invención
Por Martín Pizarro
Soy, orgullosamente, graduado y actual investigador docente de una universidad pública del conurbano de la Provincia de Buenos Aires: la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mi vínculo con la educación pública no comenzó en mis estudios superiores, ya que también soy graduado de una escuela de gestión estatal y mi crianza —en todos sus aspectos— estuvo atravesada por los ingresos que provenían de la educación pública.
Soy hijo de una madre que me crió sola, junto a mis abuelos. Ellos promovieron en mí —y, más tarde, también en mis hermanos— el estudio. Y no solo por cuestiones meramente intelectuales, sino porque sabían que mediante la educación el ascenso social era posible. Mi madre era Maestra Normal Superior, título obtenido en un instituto de formación docente que le permitió desempeñarse inicialmente como docente de una escuela primaria pública y, posteriormente, en cargos directivos, hasta jubilarse hace casi 15 años. Los ingresos que la práctica docente generaba eran los que me permitían acceder a una mejor calidad de vida, en el seno de una familia trabajadora.
Esa lógica de progreso a través del estudio no era una excentricidad familiar, sino una experiencia compartida por buena parte de las familias trabajadoras argentinas durante décadas. La educación pública —en todos sus niveles— funcionó históricamente como uno de los pocos mecanismos efectivos de movilidad social en un país cuyas desigualdades, según el ciclo político, se profundizan o se intentan reducir.
Estudiar una carrera universitaria implicaba, en mi trayectoria de vida, un mandato familiar que mi madre imaginó e inculcó desde mi infancia, conociendo las posibilidades que un título universitario puede brindar, simbólica y materialmente, a la vida de cualquier trabajador. Hasta hace dos o tres décadas atrás era frecuente escuchar historias de estudiantes que dejaban atrás a sus familias para irse a vivir "a la Capital" con el objetivo de cursar una carrera en "la universidad más importante del país": la Universidad de Buenos Aires. Historias de pensiones, de sacrificios, de viajes interminables, de pérdidas afectivas y económicas, definían si alguien podía aventurarse —o no— a recorrer cientos de kilómetros para construirse un futuro distinto.
Pero de un tiempo a esta parte, un proyecto político ubicó a la educación universitaria como un derecho al que todos podíamos acceder, incluso sin la necesidad de trasladarnos vastas distancias para cumplir un sueño. Distintas universidades nacionales comenzaron a proliferar fuera de las capitales provinciales, acercándose a otras ciudades, a otros pueblos, a cientos de miles de personas que hasta entonces tenían vedado ese horizonte. Por densidad poblacional y por necesidad histórica, el conurbano bonaerense fue una de las áreas geográficas donde más universidades públicas se acercaron a la población y, principalmente, a mí.
La Universidad Nacional de General Sarmiento se fundó en 1993, cuando tenía apenas cinco años, sobre terrenos abiertos del partido de Malvinas Argentinas, en pleno conurbano noroeste. Donde hoy se levanta el campus había una quinta: pasto alto, calles sin asfalto y, cuando llovía, barro. Ese barro —el real, el geográfico, el que define el paisaje del conurbano profundo— fue el suelo sobre el que se construyó una de las experiencias educativas más relevantes de la región. Emplazar una universidad allí, y no obligar a sus futuros estudiantes a trasladarse hasta "la Capital", fue una decisión política con consecuencias materiales concretas: la proximidad geográfica, lejos de ser un detalle accesorio, es para una familia trabajadora la diferencia entre una carrera posible y una carrera inviable. En mi caso, cuando llegó el momento de decidir dónde estudiar la Licenciatura en Comunicación, la UNGS no se presentó como una alternativa de segundo orden: fue, sencillamente, la institución que tenía al alcance de la mano. Y no por tener la dicha de vivir cerca, sino por un proyecto político que allí la había ubicado.
Carrera mediante, mi vínculo con la UNGS no terminó con la obtención del título. Durante la cursada integré equipos de investigación, accedí a becas que sostuvieron mi formación y, una vez graduado, continué ese recorrido hasta incorporarme como investigador docente en la propia institución. Ese tránsito —de estudiante de primera generación a trabajador de la universidad que me formó— no es un dato biográfico aislado: es la prueba concreta de que, cuando el Estado financia un sistema universitario público, gratuito y de calidad, se vuelven posibles trayectorias enteras que de otro modo permanecerían clausuradas. Por eso, el desfinanciamiento que hoy atraviesa el sistema no me resulta una preocupación abstracta ni una posición ideológica adoptada desde afuera: es la amenaza directa contra el mecanismo que hizo posible la vida que tengo, y la vida que tienen miles como yo. ¿Cómo no defenderla?
Los datos del último período son contundentes. El presupuesto destinado a las universidades nacionales para 2026 representa apenas el 0,47% del PBI, el valor más bajo en dos décadas. Los salarios del personal docente y no docente acumulan una caída real cercana al 30% desde fines de 2023, una pérdida que duplica la del promedio del sector público. Las becas estudiantiles fueron recortadas, las partidas de funcionamiento congeladas, y los presupuestos para ciencia y tecnología cayeron en términos reales casi a la mitad. En septiembre de 2025, el Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario; el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso insistió con los dos tercios constitucionales, y aun así la norma sigue sin aplicarse plenamente, pese a los fallos judiciales que ordenaron su cumplimiento. No estamos, entonces, frente a una desinversión coyuntural ni frente a un ajuste técnico: estamos frente a una decisión política deliberada de erosionar el sistema universitario público, ejecutada incluso a contramano del Congreso y de la Justicia.
Mi caso no es excepcional ni especialmente meritorio: es uno entre miles. En las universidades nacionales del conurbano bonaerense, alrededor del 80% de los estudiantes son primera generación de universitarios en sus familias; en la UNGS, esa cifra trepa al 84%. Detrás de cada uno de esos porcentajes hay una historia parecida a la mía: madres y padres trabajadores que apostaron por la educación de sus hijos, instituciones que se emplazaron en el territorio donde esa apuesta era posible, y un Estado que, durante décadas, sostuvo las condiciones materiales para que la apuesta no se frustrara.
Esa masa crítica de graduados de primera generación —docentes, ingenieros, comunicadores, trabajadores sociales, profesionales de la salud— no defiende hoy la universidad pública por militancia abstracta ni por nostalgia corporativa. La defiende porque sabe, con la certeza que da la experiencia propia, que sin ella no habría sido posible nada de lo que vino después. El sentido de pertenencia que las universidades del conurbano construyeron en sus comunidades no es un efecto secundario del sistema: es uno de sus logros centrales, y probablemente uno de los activos más difíciles de reponer si llegara a perderse. Defenderlo es, para quienes lo habitamos, una tarea que excede ampliamente las grandes jornadas de movilización.
En mi caso, esa defensa también se libra en otro escenario: el de la escuela secundaria. Soy, además de investigador docente, profesor en el nivel medio, y una parte importante de mi tarea consiste en acompañar a los estudiantes de los últimos años en la decisión sobre qué hacer al terminar el secundario. Año tras año me encuentro con la misma escena: cuando le pregunto a un estudiante qué carrera le gustaría seguir y dónde, el GPS de su respuesta apunta —casi siempre— en la misma dirección: la Universidad de Buenos Aires. La UBA aparece, en el imaginario de pibes y pibas del conurbano, como sinónimo casi automático de "estudiar una carrera".
No se trata de desalentar esa elección, que es legítima y, para muchos, perfectamente realizable. Se trata de discutir un imaginario que termina invisibilizando a las universidades del propio territorio. Esa invisibilización no es neutral: opera como una jerarquía simbólica que ubica a las universidades del conurbano en un segundo escalón, como si fueran la opción de quienes no pudieron aspirar a otra cosa, cuando son —por matrícula, por producción de conocimiento, por arraigo territorial— instituciones de pleno derecho dentro del sistema universitario público argentino. Discutir esa jerarquía simbólica, alumno por alumno, es también una forma de defender la universidad pública.
Defender la universidad pública del conurbano no es, entonces, una tarea reservada a quienes hoy formamos parte de su comunidad. Es una responsabilidad que alcanza también a quienes pasaron por sus aulas y hoy trabajan en el ámbito privado, a quienes ejercen su profesión lejos del sistema universitario, a quienes acaso ya ni recuerdan en qué medida la institución que los formó torció su biografía. Con todas las críticas que la universidad pública pueda merecer —y son muchas, y son legítimas, y son parte del propio debate universitario—, lo cierto es que cambió el futuro de quien escribe estas líneas y el de cientos de miles de personas más. Reconocerlo no es nostalgia: es justicia elemental. Y es, sobre todo, la base sobre la que se sostiene cualquier defensa razonable del sistema. Que desde el Estado embarren el terreno —desfinanciando, desprestigiando, incumpliendo leyes sancionadas y ratificadas— no debería sorprender a esta altura: forma parte de un proyecto político explícito. Lo que sí depende de nosotros es la respuesta. El barro es nuestro. Es el del territorio donde nacimos, donde estudiamos, donde enseñamos, donde investigamos. Y si ese mismo barro fue capaz, en apenas tres décadas, de dar forma a futuros que nadie había imaginado, también puede —tiene que— torcer este mal presente.
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